Las cárceles de Ontario, incluido el Toronto South Detention Centre que muchos ven al pasar por la autopista Gardiner, llevan años enfrentando hacinamiento, violencia y crisis de salud mental. En 2018 la provincia aprobó una ley para transformar el sistema, pero nunca la puso en marcha. Ahora un nuevo proyecto intenta obligar al gobierno a cumplir lo prometido. A continuación te explicamos el trasfondo, los problemas y lo que podría cambiar si la reforma finalmente se aplica.
La Ley de Transformación de los Servicios Correccionales: aprobada pero “en pausa”
En marzo de 2018 la Asamblea Legislativa de Ontario votó a favor de la Correctional Services Transformation Act (CSTA). El texto incluía:
- Limitaciones estrictas al uso del aislamiento o “segregación”.
- Mayor acceso a servicios de salud mental y programas de rehabilitación.
- Un Inspector General independiente con poder para investigar abusos.
- Recolección pública de datos sobre muertes, agresiones y uso de la fuerza.
Aunque fue sancionada por la vicegobernadora, la ley nunca fue “proclamada”, paso legal necesario para que entre en vigor. Desde entonces el texto “acumula polvo” mientras los problemas dentro de las cárceles empeoran.
Consecuencias de la inacción
Según cifras del Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales:
- 80 % de las personas presas están en prisión preventiva (sin condena firme).
- Los incidentes violentos subieron casi un 25 % en la última década.
- Alrededor del 45 % de los internos presenta algún diagnóstico de salud mental.
- Las personas indígenas y racializadas, incluida la comunidad latina, están sobre-representadas en la población carcelaria.
Organizaciones como la John Howard Society y Amnistía Internacional señalan que la falta de acción viola estándares internacionales de derechos humanos y expone a la provincia a litigios costosos.
El nuevo proyecto: ponerle fecha límite al gobierno
El pasado jueves, la diputada de la oposición Kristyn Wong-Tam presentó el Proclamation of the Correctional Services Transformation Act Bill. Sus puntos clave:
- Obliga al Ejecutivo a proclamar la CSTA en un plazo máximo de 180 días.
- Exige un plan público de implementación con hitos trimestrales y presupuesto detallado.
- Faculta al Auditor General a monitorear el cumplimiento y reportar a la legislatura.
El gobierno progresista-conservador aún no ha confirmado si apoyará la iniciativa; argumenta que ya está invirtiendo en nuevas unidades y tecnología de seguridad. Sin embargo, defensores sostienen que la infraestructura sin cambios de política no resuelve la raíz del problema.
Voces desde dentro y desde afuera
Personal penitenciario: denuncia agresiones frecuentes y falta de capacitación para tratar crisis psiquiátricas.
Familias de reclusos: reportan retrasos médicos y esperan horas para visitar a sus seres queridos.
Expertos en salud: subrayan que cada dólar invertido en programas de rehabilitación ahorra cuatro en costos sociales futuros.
¿Por qué debería importarte si vives en Toronto?
La reforma afectaría a todas las cárceles provinciales, incluidos los centros donde son llevadas personas arrestadas en la ciudad. Para la comunidad latina —que a veces se topa con barreras de idioma, empleo precario y perfilamiento racial— un sistema más transparente y con servicios adecuados puede marcar la diferencia entre reinserción y reincidencia.
Lo que sigue
El proyecto pasa ahora a segunda lectura. Si se aprueba, el gobierno estaría legalmente presionado a activar la ley estancada. Defensores piden a la población escribir a sus diputados y mantenerse informada.
En resumen: Ontario lleva seis años con una reforma carcelaria lista pero sin estrenar. El nuevo proyecto busca encender los motores y enfrentar problemas que, de no resolverse, seguirán costando vidas y recursos públicos.
