El futuro del oleoducto Trans Mountain —un proyecto clave para el sector energético canadiense— vuelve a estar en el centro de la conversación política y económica. Mientras su expansión se acerca a la línea final, los directivos del operador y del organismo financiero que lo supervisa plantean una idea audaz: que el Gobierno federal conserve la propiedad de forma permanente, quizá en sociedad con comunidades indígenas. A continuación te contamos por qué este debate es importante para Canadá y, por extensión, para la comunidad latina que vive y trabaja en Toronto.
¿Qué es el oleoducto Trans Mountain?
Trans Mountain es un oleoducto de 1.150 kilómetros que transporta crudo desde Edmonton (Alberta) hasta la costa de Burnaby (Columbia Británica). Su expansión —casi terminada— duplicará la capacidad a unos 890.000 barriles diarios, permitiendo que más petróleo canadiense llegue a mercados asiáticos a través de buques tanque.
¿Por qué Ottawa lo compró en 2018?
En 2018, la compañía privada Kinder Morgan amenazó con abandonar el proyecto por retrasos regulatorios y protestas medioambientales. Para salvar la expansión y proteger miles de empleos, el gobierno de Justin Trudeau pagó 4.500 millones de dólares canadienses y se convirtió en propietario del oleoducto a través de la corporación pública Trans Mountain Corp.
Un proyecto más caro de lo previsto
El costo estimado pasó de 7.400 millones a más de 34.000 millones de dólares. Esa inflación de costos ha complicado la reventa: Ottawa había anunciado su intención inicial de vender la infraestructura una vez terminada, pero ahora el precio que necesitaría recuperar es mucho mayor.
La nueva propuesta: que Ottawa no lo venda
Según los ejecutivos de Trans Mountain Corp. y de la agencia federal de inversión Canada Development Investment Corporation, existe “una sólida justificación” para que el Estado siga siendo dueño. Argumentan que:
- Seguridad energética: Mantener el control garantiza acceso estable a mercados internacionales.
- Ingresos a largo plazo: Una vez pagada la deuda, las tarifas de transporte podrían generar utilidades netas para el erario.
- Garantías medioambientales: El Estado puede exigir estándares más estrictos de seguridad y mitigación climática.
La posible alianza con pueblos indígenas
Desde 2022, varias naciones indígenas han manifestado interés en poseer parte del oleoducto. Modelos como la colaboración en el corredor de hidroeléctricas Wataynikaneyap en Ontario sirven de ejemplo. Una copropiedad permitiría:
- Participación económica significativa para las comunidades, incluyendo dividendos y empleos.
- Mayor legitimidad social ante preocupaciones ambientales y de derechos territoriales.
Impacto para la economía de Toronto y los consumidores
Aunque el oleoducto se halla en el oeste del país, el flujo de caja federal influye en programas nacionales que benefician a todas las provincias. Además, una infraestructura energética estable tiende a moderar precios de combustibles importados al Este, incluidos los del área metropolitana de Toronto donde vive una amplia comunidad latina.
Críticas y riesgos
Grupos ecologistas sostienen que prolongar la propiedad federal legitima la dependencia del petróleo y contradice los objetivos de reducción de emisiones. También existe el riesgo financiero de que los contribuyentes asuman pérdidas si la demanda global de crudo cae más rápido de lo previsto.
¿Qué viene ahora?
El Parlamento deberá evaluar si sigue adelante con la venta, transfiere la propiedad parcial a socios indígenas o mantiene la totalidad bajo control estatal. Cada opción implica complejos cálculos de retorno financiero, impacto ambiental y reconciliación con los pueblos originarios.
Conclusión: La decisión sobre Trans Mountain no es solo un asunto de oleoductos; trasciende al debate sobre cómo Canadá equilibra crecimiento económico, justicia climática y reconciliación indígena. Y, aunque se sienta a miles de kilómetros de Toronto, sus efectos tocarán el bolsillo y la conciencia de buena parte de la ciudadanía latina que hoy llama a esta ciudad su hogar.
