En la provincia atlántica de Prince Edward Island (P.E.I.), un grupo de madres tomó recientemente la palabra en la Asamblea Legislativa para exigir cambios profundos en la ley provincial de protección infantil. Lo que está en juego es una enmienda a la Child, Youth and Family Services Act que, de aprobarse, otorgaría a la policía y a los trabajadores de protección infantil la autoridad explícita para llevar de regreso a un lugar seguro a los menores que se escapan de casa. A continuación analizamos a fondo la iniciativa, sus implicaciones legales y sociales, así como la relevancia que puede tener para las comunidades latinas que residimos en Toronto.
Antecedentes: la realidad de los menores que se fugan
P.E.I. —la provincia menos poblada de Canadá— no es ajena a la problemática de adolescentes que abandonan temporalmente sus hogares. Aunque las cifras absolutas sean reducidas en comparación con otras jurisdicciones, cada caso moviliza recursos de salud mental, servicios sociales y fuerzas policiales. Hoy, cuando un joven desaparece, la policía puede localizarlo, pero el marco legal no siempre es claro sobre si puede obligarlo a regresar o, más importante aún, evaluar si su hogar es realmente seguro.
¿Qué propone la enmienda?
El texto preliminar, impulsado por un grupo bipartidista de legisladores tras escuchar los testimonios de las madres afectadas, busca tres objetivos:
1. Autoridad explícita para el retorno: otorgar a la policía y a los trabajadores sociales la facultad legal de transportar al menor a casa o a un lugar designado como seguro.
2. Evaluación de riesgo in situ: cuando existan dudas sobre la seguridad del hogar, el menor podría ser llevado a un alojamiento temporal mientras se realiza una evaluación de protección.
3. Coordinación interagencial: obligar a los departamentos de salud, educación y servicios sociales a compartir información de forma ágil en situaciones de fuga.
Argumentos de las madres y de la comunidad
Las madres que encabezaron la petición relatan que sus hijos, al encontrarse en crisis emocional, abandonaron el hogar sin medios económicos ni redes de apoyo. Aseguran que la ausencia de una herramienta legal clara dificulta el trabajo policial y prolonga la exposición de los menores a riesgos como la explotación sexual, el consumo de sustancias o la delincuencia. “No queremos criminalizar a nuestros hijos”, declaró una de ellas, “sino protegerlos en sus momentos más vulnerables”.
Debate legal y derechos del menor
Colectivos de derechos civiles recuerdan que, en Canadá, los adolescentes —especialmente mayores de 12 años— gozan de un grado creciente de autonomía reconocida por la Carta. La línea entre protección y privación de libertad es delicada. Los defensores del proyecto subrayan que la enmienda incluiría salvaguardias procesales: un menor no podría permanecer retenido más tiempo del estrictamente necesario, y todo traslado debería registrarse y notificarse a un tribunal de familia en un plazo máximo de 24 horas.
Comparativa: otras provincias canadienses
En Ontario, la legislación permite a la policía llevar a un menor fugado a un refugio o devolverlo a sus padres, pero solo si existe una orden de protección previa. En Alberta, las Child, Youth and Family Enhancement Act prevé la detención temporal de hasta 72 horas para evaluación. La propuesta de P.E.I. se sitúa a medio camino: busca una respuesta rápida, pero con límites de tiempo y supervisión judicial obligatoria.
¿Qué significa esto para las familias latinas en Toronto?
Aunque el cambio se plantea en una provincia pequeña y lejana, el debate toca fibras sensibles para la comunidad latina en todo Canadá:
• Confianza en las instituciones: muchas familias inmigrantes temen la intervención de la policía o de servicios sociales. Un marco legal más transparente puede reducir la incertidumbre.
• Modelos de política pública: si P.E.I. aprueba la enmienda y demuestra eficacia, otras provincias —incluido Ontario— podrían replicar la medida.
• Prevención sobre todo: la discusión subraya la importancia de servicios de salud mental y programas escolares de detección temprana, áreas donde las organizaciones latinas pueden y deben involucrarse.
Próximos pasos
El proyecto pasará ahora a comité para un análisis detallado y probablemente se abrirá un periodo de consultas públicas. Las madres que lideran el movimiento ya han solicitado más audiencias y la incorporación de expertos en trauma infantil. Se espera que la Cámara Legislativa vote la enmienda antes del receso de verano.
La iniciativa de P.E.I. coloca en el centro un dilema universal: ¿cómo equilibrar la autonomía de los jóvenes con el deber del Estado de protegerlos? Para nosotros, latinos viviendo en Toronto, el caso invita a reflexionar sobre la forma en que nuestras propias comunidades, escuelas y gobiernos abordan la seguridad y el bienestar de nuestros hijos.
