La búsqueda de un refugio seguro en Canadá se ha convertido en una carrera de obstáculos legales para miles de solicitantes de asilo. La implementación de la nueva legislación federal, conocida como el Proyecto de Ley C-12 (Bill C-12), ha dejado desprotegidas a personas vulnerables que huyeron de regímenes autoritarios, especialmente a mujeres iraníes que escapan de la persecución de género.
Aunque la reforma migratoria buscaba agilizar los procesos, abogados y activistas denuncian consecuencias imprevistas que mantienen a cientos de refugiados atrapados en un vacío legal indefinido.
¿Qué es la Ley C-12 y cómo afecta a los solicitantes de asilo?
Aprobada en marzo, la Ley C-12 fue diseñada por el gobierno canadiense con el objetivo de reducir el masivo retraso en el sistema de refugio, el cual roza los 300,000 casos acumulados. El patrocinador de la ley, el senador independiente Tony Dean, argumentó que la medida busca priorizar a quienes solicitan protección inmediatamente después de su llegada al país.
Sin embargo, la ley introduce una restricción crítica: prohibir las solicitudes de refugio presentadas más de un año después de haber ingresado por primera vez a Canadá. Esta normativa afecta de forma retroactiva a miles de solicitantes que ingresaron previamente como visitantes o con visas de trabajo y que, por diversos motivos de fuerza mayor, retrasaron su trámite formal.
El drama de los refugiados de Irán: Atrapados sin deportación ni residencia
El impacto de la Ley C-12 es particularmente severo para los ciudadanos procedentes de países con moratoria de deportación (como Irán), lugares a los que Canadá ha suspendido los retornos forzosos debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad, guerras o persecuciones masivas.
Bajo este nuevo marco legal, se genera una paradoja alarmante:
- No pueden ser deportados porque sus países de origen son extremadamente peligrosos.
- No pueden obtener el estatus de refugiado ni avanzar hacia la residencia permanente debido a las restricciones de tiempo de la nueva ley.
Esta falta de estatus legal les impide reunirse de forma regular con sus familias (esposos e hijos), acceder plenamente al sistema de salud, estudiar o trabajar de manera formal, dejándolos en un estado de vulnerabilidad extrema.
Casos reales: El rostro de la crisis migratoria
Historias como las recopiladas por CBC News ilustran la gravedad de la situación actual:
- Shayda (nombre ficticio): Una mujer iraní de casi 60 años que huyó tras participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 y tras convertirse al cristianismo. Aunque solicitó asilo poco después de regresar a Toronto en 2025, el gobierno congeló su caso porque ya había visitado a su hermano en Canadá un par de años antes, superando el límite de tiempo impuesto por la nueva ley.
- Una madre en Montreal: Retrasó su solicitud de asilo durante tres años para concentrarse en sacar de Irán a su hija adolescente, quien había sido víctima de un ataque químico en su escuela y detenida por la policía de la moral por el uso del hiyab. Tras lograr reunirse, su caso fue catalogado como potencialmente inelegible.
Las alternativas legales: Largas esperas y desafíos constitucionales
Para quienes quedan fuera del proceso estándar de determinación de refugiados, las opciones viables son casi inexistentes. Al no enfrentar una orden de deportación activa, tampoco pueden acceder a la Evaluación de Riesgo Antes de la Expulsión (PRRA), que suele ser la última vía de protección.
La única alternativa restante es aplicar por la residencia permanente por razones humanitarias y de compasión, un proceso que actualmente arrastra listas de espera de más de una década.
Ante esta situación, la Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados (CARL) y otras organizaciones civiles han comenzado a coordinar desafíos constitucionales contra la ley. Exigen al Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) que introduzca exenciones específicas para los solicitantes más vulnerables y procedentes de zonas en conflicto crítico.
