Muchos inmigrantes latino-canadienses en Toronto siguen de cerca las noticias educativas del resto del país, sobre todo cuando se trata de la seguridad y los derechos de los menores. El caso que sacude hoy a Saskatchewan gira en torno a dos exdocentes de una escuela cristiana privada que intentaron zafarse de un proceso disciplinario alegando que, en la época de los hechos denunciados, todavía no existía el organismo regulador. La estrategia no funcionó y el veredicto sienta un precedente que podría resonar en todo Canadá.
¿Qué ocurrió exactamente?
El Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board (SPTRB) resolvió que tiene plena autoridad para investigar y sancionar conductas docentes denunciadas antes de su creación en 2015. Dos antiguos profesores —cuyos nombres no han trascendido públicamente por tratarse de un proceso administrativo— solicitaban “inmunidad general” frente a acusaciones históricas de abuso físico y emocional.
El argumento de la “inmunidad”
Los maestros sostuvieron que el SPTRB no podía juzgarlos porque, cuando ocurrieron los presuntos abusos, el organismo todavía no existía. Su defensa se basó en el principio jurídico de no retroactividad: nadie puede ser juzgado con normas posteriores al hecho. El regulador, sin embargo, replicó que su mandato es velar por la integridad de la profesión docente y que el interés público prevalece sobre tecnicismos de calendario.
Antecedentes de la escuela involucrada
La institución señalada se ubicaba en Saskatoon y actualmente opera bajo el nombre Valour Academy; antes se llamó Legacy Christian Academy y, previamente, Christian Centre Academy. Exalumnos afirman que el cambio de nombre buscó distanciar a la escuela de los señalamientos de maltrato: supuestos castigos corporales, encierros prolongados y humillaciones públicas, algunos ocurridos durante las décadas de 1990 y 2000.
¿Por qué es importante la decisión?
La determinación del SPTRB abre la puerta a que sobrevivientes de abuso escolar encuentren justicia, sin importar cuántos años hayan pasado. También manda un mensaje a otros docentes: la conducta profesional puede revisarse retroactivamente si afecta la confianza pública.
Reacción de exalumnos y defensores
Colectivos de víctimas celebraron la resolución como “un paso histórico” y recordaron que, en paralelo, existe una demanda colectiva de 25 millones de dólares contra la escuela. Organizaciones de derechos infantiles subrayaron que la transparencia en casos de violencia escolar es clave para prevenir futuros abusos.
Próximos pasos
Los dos docentes deberán ahora comparecer en audiencias disciplinarias formales. Si el SPTRB confirma las faltas, podrían perder sus certificados de enseñanza en todo Canadá. Además, la evidencia recopilada podría alimentar procesos civiles o penales.
Para la comunidad latina de Toronto —muchos de los cuales llegan con sus familias y buscan entornos educativos seguros— este caso subraya la importancia de reguladores fuertes y de denunciar cualquier irregularidad, sin importar el tiempo transcurrido. La protección de los estudiantes no prescribe; la justicia, al parecer, tampoco.
