El reciente fallo de la Corte Suprema de la Columbia Británica marca un antes y un después en la forma en que Canadá aborda la salud mental. Para quienes vivimos en Toronto —incluida la creciente comunidad latina— esta decisión no solo es una noticia lejana del oeste, sino un precedente que podría influir en los derechos de los pacientes en todo el país. A continuación, desglosamos qué ocurrió, por qué es importante y cómo podría afectar futuras políticas de salud mental en Ontario y más allá.
¿Qué decidió la Corte Suprema de B.C.?
El tribunal declaró inconstitucional la práctica conocida como “consentimiento presunto” que permitía a los hospitales de la Columbia Británica administrar tratamiento psiquiátrico involuntario a cualquier persona internada contra su voluntad, sin evaluar antes si el paciente tenía capacidad para decidir sobre su propia atención médica.
En su dictamen, la Corte concluyó que esta política viola:
- La Sección 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protege la integridad física y psicológica de las personas.
- La Sección 15(1), relativa a la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación, al colocar a las personas con enfermedades mentales en desventaja comparativa frente a otros pacientes.
El juez otorgó a la provincia un plazo de 12 meses para enmendar la Ley de Salud Mental de B.C. y diseñar un sistema que respete la capacidad de decisión de cada paciente.
Cómo funcionaba el sistema antes del fallo
Hasta ahora, B.C. aplicaba un enfoque de “blanket treatment” (tratamiento generalizado). En la práctica, si la policía o un médico determinaban que alguien representaba un riesgo inminente para sí o para otros, esa persona podía ser ingresada involuntariamente y luego medicada sin más. No era necesario determinar si estaba en condiciones de entender las implicaciones de la terapia ni ofrecer alternativas.
Los críticos sostenían que la medida era demasiado amplia, pues no distinguía entre pacientes que efectivamente no podían consentir y aquellos que conservaban plena capacidad pero aún así eran obligados a tomar medicación antipsicótica, someterse a electroconvulsoterapia u otras intervenciones.
Comparativa con Ontario: una ruta diferente
En Ontario, el modelo se basa en la evaluación individual de capacidad. Si un paciente es considerado competente, su decisión debe ser respetada, incluso si rechaza la medicación. Únicamente cuando se determina incapacidad, un sustituto nombrado —habitualmente un familiar— puede autorizar el tratamiento.
El contraste con B.C. resalta la importancia del fallo: la Corte básicamente alineó la práctica de aquella provincia con estándares ya vigentes en lugares como Ontario, Quebec y la mayoría de las jurisdicciones occidentales.
¿Por qué debería importar a la comunidad latina en Toronto?
Aunque la sentencia se originó en la Columbia Británica, la Carta es una ley federal. Los tribunales de otras provincias suelen mirar estos precedentes para guiar sus propios fallos. Asimismo, el Parlamento federal y los gobiernos provinciales estarán atentos a posibles reformas para evitar litigios costosos.
Para los latinos en Toronto —muchos de los cuales somos inmigrantes recientes o descendientes de familias que quizá no conocen a fondo el sistema de salud canadiense—, el caso subraya la necesidad de:
- Conocer nuestros derechos de consentimiento informado.
- Pedir una segunda opinión sobre la capacidad mental si un familiar es hospitalizado involuntariamente.
- Entender las vías legales disponibles (Tribunal de Consentimiento y Capacidad de Ontario, oficinas de defensores del paciente, etc.).
Testimonios y reacciones
Organizaciones como la BC Civil Liberties Association y el Canadian Mental Health Association celebraron la decisión, calificándola de “victoria histórica” que devuelve la autonomía a las personas con padecimientos mentales. Por su parte, algunos psiquiatras expresaron preocupación por posibles demoras en el tratamiento de crisis severas. Sin embargo, la Corte aclaró que los médicos conservan la facultad de actuar en emergencias, siempre y cuando se justifique la incapacidad o exista riesgo inminente.
Lo que viene: 12 meses para legislar
El gobierno de B.C. debe proponer una nueva normativa antes de abril de 2026. Entre las opciones sugeridas están:
- Implementar audiencias rápidas para evaluar capacidad dentro de las primeras 48 horas de internación.
- Nombrar defensores del paciente independientes que asesoren sobre derechos y recursos.
- Crear un registro provincial de directivas anticipadas en salud mental, de modo que las preferencias del paciente queden claras antes de una crisis.
Claves prácticas para familiares en Toronto
Si alguien cercano enfrenta una crisis psiquiátrica en Ontario, considere los siguientes pasos:
- Llevar por escrito cualquier “Advance Care Directive” o voluntad anticipada.
- Solicitar la valoración de capacidad ante un profesional independiente si hay dudas.
- Contactar al Patient Ombudsman of Ontario o a servicios comunitarios latinos para orientación en español.
El fallo de la Corte Suprema de B.C. no solo corrige una inequidad legal: envía un mensaje contundente sobre la dignidad y autonomía de las personas con enfermedades mentales. Aun cuando la sentencia no cambia de inmediato la legislación en Ontario, eleva el estándar nacional y ofrece a nuestras comunidades —incluida la latina de Toronto— una herramienta más para defender derechos en momentos de vulnerabilidad.