Las políticas actuales del Gobierno de Canadá constituyen un genocidio continuo contra los Pueblos Indígenas. Así lo ha dictaminado el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tras una intensa semana de audiencias en Montreal enfocadas en el trauma intergeneracional, las escuelas residenciales, los niños desaparecidos y las tumbas no marcadas.
El fallo preliminar emitido por un panel de siete jueces internacionales pone bajo la lupa la responsabilidad del Estado canadiense y reabre un debate histórico sobre los derechos humanos y la justicia social en el país norteamericano.
El Tribunal Permanente de los Pueblos investiga el sistema de escuelas residenciales
La investigación, llevada a cabo en el centro de arte daphne en Montreal, fue solicitada en 2024 por el Refugio de Mujeres Nativas de Montreal (Native Women’s Shelter of Montreal). Durante las audiencias, el tribunal recopiló pruebas contundentes sobre el impacto devastador del sistema de escuelas residenciales financiado por el gobierno y administrado por instituciones religiosas durante el siglo XIX y XX.
Los testigos describieron un panorama desgarrador de separación familiar forzada, destrucción cultural y abusos físicos y sexuales sistemáticos por parte del personal escolar y el clero. Estos traumas forzaron a generaciones de niños indígenas a disociarse psicológicamente, creando secuelas emocionales que persisten hasta el día de hoy.
Un esfuerzo “sistemático” para destruir a las comunidades indígenas
Al dar lectura a la declaración preliminar, la abogada maorí Valmaine Toki afirmó que Canadá posee una “responsabilidad legal, moral y política” por sus acciones y omisiones, las cuales forman parte de un plan sistemático para destruir la identidad de las comunidades indígenas.
Por su parte, la jueza Seánna Howard, profesora de derecho y política de los Pueblos Indígenas en la Universidad Estatal de Arizona, denunció lo que describió como un desdén continuo hacia las vidas nativas y la negación de su soberanía territorial, corporal y de datos.
Según Howard, la conducta de las autoridades canadienses apunta a una estrategia sostenida para evadir la rendición de cuentas ante el derecho internacional.
¿Qué constituye un genocidio en el marco del derecho internacional?
Una de las intervenciones clave en el tribunal estuvo a cargo de Fannie Lafontaine, abogada de derechos humanos y experta testigo. Lafontaine argumentó que el concepto legal de genocidio no debe limitarse exclusivamente al “paradigma del Holocausto” o a masacres masivas cometidas en periodos cortos de tiempo.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, este término abarca actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre estos actos se incluyen de manera explícita:
- Causar daños físicos o mentales graves a los miembros del grupo.
- Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo.
- Transferir por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo (la base del sistema de escuelas residenciales canadiense).
El Gobierno de Canadá rechaza participar en las audiencias
Durante las sesiones del tribunal, una silla vacía simbolizó la ausencia del Gobierno de Canadá, que optó por no participar formalmente en los procedimientos.
A través de un comunicado emitido por el departamento de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá, el portavoz Pascal Laplante declaró que las escuelas residenciales son “una parte vergonzosa de la historia colonial de Canadá”, y aseguró que el gobierno federal continúa trabajando junto a líderes y sobrevivientes indígenas para avanzar en la reconciliación y cumplir con los 94 “Llamados a la Acción” presentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2015.
A pesar de estas declaraciones oficiales, Christa Big Canoe, abogada anishinaabe y fiscal principal del tribunal, instó a los ciudadanos canadienses a combatir el “negacionismo” de las escuelas residenciales y a apoyar firmemente a las víctimas de crímenes contra la humanidad.
Se espera que el Tribunal Permanente de los Pueblos emita su veredicto final e integral el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá.
