El nuevo veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump entró en vigor este lunes 9 de junio de 2025, imponiendo duras restricciones al ingreso de ciudadanos provenientes de 19 países, en su mayoría de África, Medio Oriente y América Latina. La medida prohíbe la emisión de nuevos visados a solicitantes que se encuentren fuera de Estados Unidos, afectando visas de turismo, negocios y estudios.
🌍 ¿Quiénes están afectados?
La lista incluye a Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A estos se suman restricciones adicionales para Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Si bien no se anulan los visados vigentes, cualquier solicitud nueva será rechazada salvo casos excepcionales.
🛑 ¿Qué justifica esta decisión?
Trump argumenta que los países listados presentan “riesgos para la seguridad pública y el terrorismo”, además de fallas en los sistemas de verificación de identidad y negativa a aceptar a ciudadanos deportados. Vinculó esta decisión con un reciente ataque en Colorado perpetrado por un ciudadano egipcio —aunque Egipto no fue incluido en la lista—.
📢 Reacciones y críticas
Organizaciones humanitarias como Oxfam América han denunciado que la medida no tiene fundamentos reales de seguridad nacional, sino que busca “dividir y estigmatizar”. También han surgido protestas en ciudades como Washington y Newark, donde miembros de comunidades haitianas y venezolanas expresaron su indignación. Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro condenó la proclama como una “campaña de criminalización”.
⚖️ Implicaciones legales y contexto político
A diferencia del polémico veto migratorio de 2017, esta nueva versión fue cuidadosamente redactada para evitar impugnaciones judiciales, centrándose exclusivamente en la etapa de solicitud de visado. La orden ejecutiva se apoya en datos del Departamento de Seguridad Nacional sobre permanencia ilegal en EE.UU. tras el vencimiento de visas.
🧭 ¿Qué sigue?
El veto forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio que incluye mayores controles fronterizos, reducción del número de refugiados aceptados y aumento de deportaciones. Aunque no afecta a residentes permanentes o a quienes ya tienen un visado vigente, marca un nuevo giro restrictivo en la política exterior y migratoria estadounidense bajo Trump.
