Esta semana el gobierno federal anunció un cambio profundo en la manera en que Canadá comprará tanques, barcos y tecnología militar: la Defence Investment Agency (DIA) dejará de ser un simple organismo gubernamental y se convertirá en una sociedad de la Corona con facultades propias para firmar contratos, invertir en industrias estratégicas y acelerar adquisiciones clave. A continuación desmenuzamos qué significa esto, por qué se toma la medida justo ahora y qué riesgos y oportunidades abre para los contribuyentes y las Fuerzas Armadas.
¿Qué cambia con la nueva estructura?
Hasta hoy la DIA dependía directamente del Ministerio de Defensa Nacional y del Tesoro, siguiendo procesos de contratación pública tan rigurosos como lentos. Al convertirse en sociedad de la Corona —una entidad pública con gobierno corporativo propio— podrá:
- Negociar contratos de alto valor sin pasar por cada ronda de aprobación política.
- Crear joint-ventures o participar como socio inversor en empresas canadienses que produzcan componentes sensibles (drones, radares, ciberseguridad, IA militar).
- Utilizar modelos de compra “llave en mano” que reducen años de licitaciones a meses.
- Contratar talento especializado fuera de los tabuladores salariales federales, compitiendo así con Silicon Valley o la industria aeroespacial privada.
Contexto: la mayor ola de gasto militar en décadas
Canadá se ha comprometido ante la OTAN a acercarse al objetivo del 2 % de su PIB en defensa. En números, eso supone más de 50 000 millones de dólares adicionales en los próximos 10 años. Entre los proyectos estrella están:
- La modernización del escudo NORAD, vital para la defensa ártica.
- La compra de 88 cazas F-35 y la renovación de helicópteros de búsqueda y rescate.
- El programa de Construcción Naval Nacional, que incluye nuevos rompehielos y fragatas polivalentes.
Con ese tsunami de dinero en camino, Ottawa argumenta que necesita una “máquina” de adquisiciones mucho más ágil o los retrasos encarecerán aún más cada programa.
Lecciones del pasado: por qué había urgencia
Los historiales del submarino Victoria, el avión de búsqueda y rescate FWSAR y el escándalo de los helicópteros Sea King comparten un patrón: excesiva burocracia, cambios políticos de rumbo y sobrecostos millonarios. El Gobierno cree que un órgano a distancia, con incentivos de gestión empresarial, podrá esquivar esos atascos.
Los riesgos de “más independencia”
Los críticos, desde la Oficina del Presupuesto Parlamentario hasta ONG de transparencia, alertan de tres peligros:
- Difuminación de la rendición de cuentas: una sociedad de la Corona no rinde cuentas línea por línea al Parlamento, sino a su propio consejo directivo.
- Puerta giratoria: mayor flexibilidad salarial facilita fichar expertos… y también que ex-ejecutivos de contratistas defiendan decisiones con potenciales conflictos de interés.
- Falta de supervisión en inversiones minoritarias: participar con un 10-20 % en empresas emergentes complica seguir la pista del dinero público y la propiedad intelectual resultante.
Salvaguardas anunciadas por el Gobierno
Para calmar temores, el ministro de Defensa señaló que:
- Habrá auditorías anuales de la Oficina del Auditor General.
- Cualquier contrato superior a 1 000 millones de dólares seguirá requiriendo aprobación del Gabinete.
- Se publicará un reporte semestral con métricas de desempeño, similares a las de Export Development Canada.
Lo que viene a continuación
El proyecto de ley pasará primero por la Cámara de los Comunes y luego por el Senado. Si se aprueba sin grandes enmiendas, la nueva Defence Investment Corporation of Canada podría estar operativa a mediados de 2027. Para los latinos en Toronto —muchos de los cuales trabajan en el sector aeroespacial y de sistemas— esto abre nichos laborales y contratos de cadena de suministro, especialmente en el corredor tecnológico Ontario-Québec.
La conversión de la DIA en sociedad de la Corona promete agilizar compras militares críticas en un momento de tensión geopolítica y de modernización obligada de las Fuerzas Armadas canadienses. No obstante, la autonomía adicional exige mecanismos de vigilancia sólidos para evitar que la velocidad venga a costa de la transparencia y el buen uso del dinero público. El debate apenas comienza y vale la pena seguirlo de cerca, porque el impacto se sentirá tanto en los bolsillos de los contribuyentes como en la seguridad nacional del país.