La comunidad migrante y defensores de derechos humanos en Toronto han alzado la voz luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizara un pedido urgente de vehículos blindados fabricados en Canadá. A continuación, te contamos los detalles y por qué este contrato está generando tanta polémica.
¿Qué compró ICE y por cuánto?
ICE desembolsará USD 7,3 millones —aproximadamente CAD 10 millones— para adquirir 20 Senator Emergency Response Tactical Vehicles de la empresa Roshel, con sede en Brampton. Cada unidad puede soportar explosiones, detener munición calibre .50 y transportar hasta 12 ocupantes.
Compra exprés y proveedor único
El contrato se adjudicó mediante un proceso de fuente única. ICE argumentó que, tras consultar a cuatro fabricantes estadounidenses (Alpine Armoring, CITE Armored, DGM LLC y Lenco Armored Vehicles), sólo Roshel podía entregar los 20 vehículos en un plazo de 30 días y cumplir todas las especificaciones técnicas.
Los demás proveedores ofrecieron cantidades limitadas o plazos de entrega de hasta seis meses, lo que, según ICE, hacía inviable la compra nacional.
Características clave de los blindados
Las unidades incluyen neumáticos de grado militar, escotillas de escape y la posibilidad de integrar sistemas de vigilancia, protección química y visión nocturna. El modelo ya ha sido utilizado en escenarios de guerra, como el conflicto en Ucrania.
Preocupaciones sobre derechos humanos
Organizaciones civiles recuerdan que ICE ha sido señalada repetidamente por abuso de detenidos y tácticas agresivas. Bajo la administración Trump, la agencia amplió su mandato y presupuesto. La reciente ley “One Big Beautiful Bill”, firmada en julio de 2025, destina decenas de miles de millones de dólares adicionales a ICE hasta 2029, incluyendo USD 45 000 millones para ampliar centros de detención.
Reacciones en redes y en Toronto
Usuarios y colectivos como World BEYOND War Canada calificaron la operación de “indignante” y cuestionaron que Canadá exporte equipamiento militar a una agencia acusada de violar derechos humanos. Para muchos latinos en Toronto —muchos de ellos con familiares o amigos indocumentados en EE. UU.— el acuerdo es un recordatorio doloroso de las políticas migratorias cada vez más duras al sur de la frontera.
¿Qué implica para Canadá?
El caso vuelve a poner en tela de juicio el régimen de exportación de armamento canadiense. Aunque Ottawa presume de controles estrictos, los críticos aseguran que los huecos legales permiten ventas a organismos con historiales controvertidos. Además, resalta la creciente capacidad del sector de defensa de Ontario para competir —y superar— a fabricantes estadounidenses en rapidez y volumen.
Mirada al futuro
Mientras la compra avanza, defensores de derechos humanos presionan al gobierno federal para que revise este y futuros contratos. La pregunta central es si Canadá debe priorizar su industria armamentista o sus compromisos con la protección de los derechos de los migrantes, muchos de ellos parte vital de la comunidad latina en Toronto.
