El debate sobre la monarquía en Canadá vuelve a encenderse. Un abogado ha presentado una demanda para anular la ley de 2022 que eliminó el Juramento de Lealtad al Rey en la Asamblea Nacional de Quebec. Aunque el caso se libra en otra provincia, sus efectos podrían sentirse hasta en Toronto y más allá, donde una diversa comunidad latina sigue con interés cómo evoluciona la relación de Canadá con la Corona.
Antecedentes del Juramento al Rey
Desde la Confederación en 1867, los legisladores canadienses juran lealtad al soberano británico antes de ocupar sus escaños. Este juramento está inscrito en la Constitución, concretamente en la Sección 128 de la Ley Constitucional de 1867 y en el Anexo V.
En los últimos años, el simbolismo de la monarquía ha sido cuestionado, especialmente en Quebec, donde el sentimiento nacionalista es fuerte y la población francófona ha expresado repetidamente su deseo de distanciarse de la Corona británica.
La Ley de 2022: Fin del Juramento Obligatorio
¿Qué cambió exactamente?
En diciembre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó con rapidez el Proyecto de Ley 4, que suprimió la exigencia del Juramento de Lealtad al monarca para sus miembros. En su lugar, los diputados solamente deben jurar fidelidad al pueblo de Quebec.
El gobierno provincial, liderado por la Coalition Avenir Québec (CAQ), argumentó que la medida reafirma la autonomía política de la provincia y moderniza un protocolo que muchos consideran anacrónico.
La impugnación constitucional
¿Quién es el abogado y qué argumenta?
El abogado Gérard Tremblay (nombre ficticio usado a modo de ejemplo, pues el demandante no ha sido identificado masivamente en medios en español) presentó la acción legal ante el Tribunal Superior de Quebec. Sostiene que:
- La Asamblea Nacional carece de competencia para modificar disposiciones fundamentales de la Constitución canadiense.
- El cambio infringe la supremacía constitucional y viola el principio de la indisolubilidad de la federación bajo la Corona.
- Solo el Parlamento federal, con la aprobación de las provincias conforme a la fórmula de enmienda, podría alterar la obligación del juramento.
En síntesis, asegura que la ley provincial excede las facultades otorgadas a Quebec en la Constitución, sentando un precedente peligroso si se deja sin efecto.
El trasfondo legal: ¿puede Quebec legislar por su cuenta?
Canadá posee una Constitución rígida. Las enmiendas que afectan al monarca, a la Gobernadora General o a las lenguas oficiales requieren el consentimiento unánime de las diez legislaturas provinciales y del Parlamento federal (art. 41 de la Ley de 1982). Al eliminar unilateralmente el juramento, Quebec podría estar contraviniendo este proceso.
No obstante, los defensores de la ley afirman que la Asamblea Nacional simplemente reguló su procedimiento interno y que el texto constitucional menciona el juramento solo para el Parlamento federal, por lo que habría un margen de interpretación.
Reacciones políticas y sociales
• Gobierno de Quebec: asegura que la medida respeta la voluntad popular y la autonomía provincial.
• Oposición federalista: teme que la impugnación, si prospera, reavive tensiones sobre la unidad canadiense.
• Ciudadanía: muchos quebequenses celebran el cambio como un paso hacia la identidad propia; otros lo ven como un gesto simbólico sin impacto real.
Lo que podría suceder a continuación
Escenarios posibles
1. La Corte invalida la ley: Se restablecería el juramento en Quebec y se confirmaría que solo la vía de la reforma constitucional puede alterar la relación con la Corona.
2. La Corte avala la ley: Otras provincias podrían inspirarse en el precedente, debilitando en la práctica el papel simbólico del monarca en Canadá.
3. Apelaciones sucesivas: El asunto llegaría al Tribunal Supremo de Canadá, prolongando la incertidumbre durante años.
Por qué esto importa en Toronto y para la comunidad latina
Toronto alberga a más de 400 000 latinos y es un reflejo de la diversidad canadiense. Aunque la disputa se centre en Quebec, el resultado podría:
- Modificar la manera en que futuros funcionarios electos en todo el país juren sus cargos.
- Reabrir el debate nacional sobre la pertinencia de la monarquía en el siglo XXI.
- Influir en la identidad cívica de los inmigrantes que buscan integrarse plenamente en la vida política canadiense.
El desafío contra la ley quebequense va más allá de una formalidad parlamentaria: toca las fibras constitucionales que definen a Canadá como Estado. Para los latinos en Toronto —y para todo el país—, el proceso judicial ofrecerá una lección práctica sobre cómo se equilibra la autonomía provincial con la estructura federal, y sobre el peso que aún conserva la Corona en la democracia canadiense.