El escándalo por la desprotección parcial de la Greenbelt de Ontario ―una franja de dos millones de acres de tierras agrícolas, bosques y cuencas que rodea el Área Metropolitana de Toronto― sigue generando gastos que, hasta hoy, recaen sobre los bolsillos municipales. Cinco comunidades a las que el gobierno provincial prometió reembolsarles los costos de planificación y análisis técnico continúan esperando el pago. Más allá de la polémica política, el tema tiene implicaciones reales en los impuestos locales y en la protección ambiental que afecta a todas y todos, incluidas las familias latinas que vivimos y trabajamos en el GTA.
¿Qué es exactamente la Greenbelt?
Creada en 2005, la Greenbelt se concibió para frenar la expansión urbana descontrolada, proteger tierras fértiles y garantizar corredores verdes continuos. Hoy genera aproximadamente $9.6 mil millones de dólares al PIB de Ontario y sostiene más de 177 700 empleos a tiempo completo en agricultura, turismo, recreación y servicios ambientales.
El origen del escándalo
En 2022, el gobierno progresista-conservador del primer ministro Doug Ford retiró la protección a 15 parcelas de la Greenbelt con el argumento de acelerar la construcción de 50 000 viviendas. Investigaciones de la Auditoría General y del Comisionado de Integridad concluyeron que el proceso favoreció a desarrolladores específicos y se llevó a cabo con falta de transparencia y criterios técnicos endebles.
Ante la presión pública, en septiembre de 2023 la provincia dio marcha atrás: devolvió la protección a los terrenos y anunció que reembolsaría los costos que los municipios habían desembolsado para estudiar servicios, zonificaciones y obras de infraestructura que ahora quedaron en el limbo.
Las cinco comunidades afectadas
Las municipalidades directamente impactadas incluyen:
- Ajax
- Pickering
- Vaughan
- King Township
- Richmond Hill
Cada ciudad contrató consultores y personal técnico, abrió procesos de participación ciudadana y revisó planes oficiales. Las facturas combinadas superan varios millones de dólares.
¿Por qué no han llegado los cheques?
La provincia prometió cubrir “todos los costos razonables”, pero no estableció plazos ni mecanismos claros de auditaje. Funcionarios municipales señalan tres barreras principales:
- Falta de lineamientos formales. Los ministerios aún no han publicado criterios sobre qué rubros califican.
- Revisión prolongada de las facturas presentadas; algunas se devuelven solicitando más detalle.
- Presupuesto provincial limitado. El ciclo fiscal 2024-2025 no asignó una partida específica, lo que obliga a encontrar fondos dentro de carteras ya comprometidas.
Impacto en los contribuyentes locales
Mientras el dinero no llega, los municipios cubren los gastos con reservas o incrementan líneas de crédito, lo que a mediano plazo puede reflejarse en mayores tasas de propiedad e impuestos municipales. Para la comunidad latina, especialmente quienes son dueños de vivienda o emprenden negocios, esto se traduce en:
- Incremento potencial del impuesto predial en los próximos presupuestos municipales.
- Reducción de fondos para servicios como bibliotecas, programas culturales y transporte local si se prioriza saldar las deudas técnicas.
- Mayor incertidumbre sobre la disponibilidad de vivienda asequible, ya que los planes urbanos han sufrido retrasos.
Reacción política
La bancada del New Democratic Party (NDP) y el Partido Liberal critican que la provincia “descargue” el costo del error en los municipios. Exigen:
- Un pago inmediato y con intereses.
- Legislación que obligue a cualquier futuro gobierno a realizar evaluaciones de impacto antes de modificar la Greenbelt.
- Mayor supervisión parlamentaria sobre las negociaciones con desarrolladores.
¿Qué podemos esperar?
Fuentes dentro del Ministerio de Asuntos Municipales indican que se trabaja en un marco de “reembolso escalonado” que podría empezar a emitirse a finales de 2024. Sin embargo, la investigación de la RCMP sobre posibles irregularidades criminales añade complejidad: si se presentan cargos, los fondos podrían retenerse como evidencia.
Conclusión
El episodio subraya la tensión entre el desarrollo urbano rápido y la protección ambiental en la región donde vive la mayor diáspora latina de Canadá. Mientras las cinco comunidades esperan el dinero prometido, la pregunta clave es quién termina pagando la cuenta: ¿la provincia o el contribuyente local? Para los residentes latinos del GTA, mantenerse informados y participar en las audiencias presupuestarias municipales puede marcar la diferencia en cómo se reparten estos costos.