Organizaciones denuncian persecución política
López representaba a familias de migrantes deportados por EE. UU. y detenidos en una mega cárcel salvadoreña; su captura desata preocupación internacional por la criminalización de defensores de derechos humanos
La abogada salvadoreña Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos y principal figura legal de la organización Cristosal, fue arrestada el 19 de mayo bajo cargos de “peculado”, en lo que expertos y observadores internacionales califican como una maniobra política para silenciar a voces críticas del gobierno de Nayib Bukele.
López lideraba la defensa de 252 migrantes venezolanos, deportados recientemente desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, y detenidos en la polémica cárcel de máxima seguridad Cecot, al este del país. Su arresto ha intensificado las denuncias sobre la criminalización de defensores de migrantes y periodistas en El Salvador.
¿Por qué fue detenida?
La Fiscalía salvadoreña acusa a López de “peculado” por supuestos hechos ocurridos hace más de una década, cuando trabajó en un tribunal electoral. Sin embargo, su arresto se produce en el contexto de una fuerte ofensiva gubernamental contra activistas, periodistas y ONGs.
“No se ha informado su paradero, ni se ha permitido acceso a su equipo legal. Esto constituye una grave violación a los estándares internacionales”, denunció la organización Cristosal.
Una ola de represión sin precedentes
Desde el inicio del régimen de excepción en 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 85.000 personas, muchas sin cargos ni debido proceso. Según informes de ONGs locales e internacionales:
- Se han cerrado medios de comunicación críticos
- Se han propuesto impuestos del 30% a las donaciones para ONGs
- Al menos 7 periodistas del medio El Faro han huido del país tras amenazas de arresto
El mismo día que detuvieron a Ruth López, renunció el comisionado presidencial para derechos humanos, Andrés Guzmán, sin explicación pública, lo que aumentó la tensión política.
¿Qué tiene que ver EE. UU.?
El arresto también pone en la mira el controvertido acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para encarcelar migrantes venezolanos deportados. Se estima que EE. UU. ha financiado parte del costo de mantener a estas personas en Cecot, lo que ha generado críticas desde organismos humanitarios que denuncian una externalización de la frontera migratoria.
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido a la administración Biden que intervenga diplomáticamente ante lo que consideran una amenaza a los derechos fundamentales.
¿Qué dicen los defensores de derechos humanos?
Cristosal ha alertado que este caso marca un precedente alarmante:
Se busca intimidar a quienes defienden a poblaciones vulnerables, como migrantes o víctimas del régimen penal
Se viola el principio de presunción de inocencia
Se erosiona el espacio cívico y democrático
“La defensa de los derechos humanos no puede ser criminalizada. El mundo debe prestar atención a lo que está pasando en El Salvador”, expresó un portavoz de la organización.
¿Por qué importa este caso?
Ruth López no es solo una abogada, sino una figura clave en la defensa de libertades civiles en Centroamérica.
Su arresto ocurre mientras El Salvador se consolida como un laboratorio de mano dura y vigilancia autoritaria.
Las vidas de cientos de migrantes venezolanos están en juego, atrapados entre gobiernos que los expulsan y otros que los encierran.
¿Y ahora qué?
La comunidad internacional exige transparencia, garantías judiciales y libertad inmediata si no hay pruebas reales contra Ruth López.
Se espera una nueva audiencia judicial en las próximas 48 horas.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos de todo el continente siguen de cerca lo que muchos ya llaman “la Nicaragua silenciosa del norte”.
