La decisión judicial que acaba de dictarse en Manitoba resuena con fuerza en Toronto y en todo Canadá: la abogada anishinaabe Joan Jack ha ganado la demanda que presentó en 2020 contra la firma que encabezó la acción colectiva de los sobrevivientes de las Indian Day Schools. Su victoria no solo reivindica años de trabajo no remunerado, sino que también sienta precedentes sobre la justa compensación a profesionales indígenas involucrados en litigios de alto impacto social.
¿Quién es Joan Jack?
Originaria de la comunidad Berens River First Nation (Manitoba), Joan Jack es reconocida por su labor como defensora de los derechos de las Primeras Naciones. Con más de dos décadas de trayectoria, ha combinado litigio, docencia y activismo. Para muchos sobrevivientes, Jack se convirtió en la voz visible que impulsó la demanda colectiva contra el Gobierno federal por los abusos físicos, culturales y emocionales sufridos en los Indian Day Schools.
Indian Day Schools: una herida abierta
Entre 1863 y la década de 1990, más de 600 escuelas administradas por iglesias y financiadas por el Estado canadiense obligaron a niñas y niños indígenas a abandonar su idioma, su cultura y, con frecuencia, a soportar malos tratos físicos y psicológicos. A diferencia de los internados (Residential Schools), estos planteles no requerían pernocta, pero el daño intergeneracional fue similar. En 2019, una demanda colectiva obtuvo un acuerdo récord de hasta 1 600 millones de dólares para los sobrevivientes.
El origen del conflicto con la firma legal
Jack fue reclutada por Gowling WLG —una de las firmas más grandes del país— para aportar experiencia cultural y jurídica en la construcción del caso. Según la demanda presentada por la abogada, ella trabajó a tiempo completo entre 2013 y 2016: recopiló miles de testimonios, viajó a comunidades remotas y negoció con Ottawa. A cambio, afirma que solo recibió reembolsos mínimos de viáticos. Cuando el acuerdo se firmó, la firma solicitó honorarios de más de 55 millones de dólares, pero Jack quedó fuera del reparto.
Lo que dictaminó la corte
El juez del Tribunal del Rey de Manitoba concluyó que existía un contrato implícito entre Jack y Gowling WLG que garantizaba una compensación razonable por servicios profesionales. El fallo establece que:
- La participación de Jack fue “crítica” para el éxito de la demanda colectiva.
- La firma incurrió en enriquecimiento injusto al beneficiarse de su trabajo sin pagarle.
- Se ordena indemnizar a la abogada por el equivalente a sus horas trabajadas más intereses; la cifra exacta se determinará en una audiencia posterior.
Repercusiones para los sobrevivientes y la profesión legal
Para los sobrevivientes, el veredicto valida la importancia de contar con profesionales indígenas que comprendan el contexto cultural de los abusos. Para la comunidad jurídica, introduce un precedente sobre la obligación ética de las grandes firmas de reconocer y remunerar adecuadamente a los colaboradores externos, especialmente cuando pertenecen a grupos históricamente marginados.
¿Qué sigue?
Se espera que Gowling WLG decida en las próximas semanas si apelará. Mientras tanto, Jack ha manifestado que destinará parte de la compensación a iniciativas educativas para jóvenes indígenas que deseen estudiar Derecho. Su victoria envía un mensaje claro: el trabajo intelectual, cultural y emocional de los profesionales indígenas tiene valor y debe ser respetado.
Con este fallo, Canadá da un pequeño paso más hacia la reconciliación, recordándonos que la justicia no solo consiste en compensar a las víctimas, sino también en reconocer a quienes luchan incansablemente por ellas.