Un error de un solo centavo puso en evidencia lo frágil que puede ser la estabilidad habitacional en Ontario. Dos hermanos de Toronto estuvieron a punto de ser expulsados de su vivienda y, de aprobarse la polémica Ley 60, historias como la suya podrían multiplicarse. A continuación te contamos con detalle qué ocurrió, qué propone la normativa y por qué organizaciones y autoridades municipales la consideran una amenaza para los inquilinos.
El caso del centavo que casi costó un hogar
Olliver y Carl, residentes del barrio de York South–Weston, pagaron en octubre pasado $1,860 CAD de renta cuando el monto exacto era $1,860.01. La diferencia de un solo centavo bastó para que su propietario solicitara una orden de desalojo sin notificación previa ni audiencia ante la Junta de Arrendamientos e Inquilinos (LTB, por sus siglas en inglés).
Con el respaldo del York South-Weston Tenant Union, los hermanos pudieron acogerse a un recurso llamado “set aside”, que les permitió frenar la orden y presentar su defensa después de haber sido emitida. Finalmente conservaron el departamento, pero el susto dejó claro lo vulnerable que puede ser el proceso para quien renta.
¿Qué cambia con el Proyecto de Ley 60?
Presentado por el gobierno provincial como la “Fighting Delays, Building Faster Act, 2025”, el proyecto introduce 13 reformas a la Residential Tenancies Act con la promesa de agilizar la construcción y desalentar las demoras en la LTB. Sin embargo, organizaciones de inquilinos, la Alcaldía de Toronto y expertos en vivienda señalan varios puntos críticos:
1. Procesos de desalojo más rápidos
Se reducirían drásticamente los plazos para que un propietario obtenga una orden de desalojo por falta de pago. Menos tiempo implica menos oportunidades para que el inquilino salde la deuda o negocie un plan de pagos.
2. Mitad del tiempo para apelar
El periodo de apelación pasaría de 30 a 15 días. Para familias con recursos limitados, reunir evidencia, conseguir asesoría legal y armar un caso sería mucho más difícil.
3. Restricciones a la presentación de nuevas pruebas
Bajo la propuesta, si un inquilino descubre documentos clave después de la audiencia inicial, podría quedar imposibilitado de presentarlos en la apelación, incluso si son determinantes.
4. Compensaciones más bajas
Cuando un propietario necesita el inmueble para uso personal o para renovaciones, actualmente debe compensar al inquilino. La Ley 60 reduciría esos pagos, dificultando la reubicación de las familias afectadas.
Voces en contra
La Alcaldesa Olivia Chow, en una carta al comité ejecutivo de la ciudad, calificó la iniciativa de “alarmante” y advirtió que “facilita el desalojo y recorta las protecciones básicas”. El director de la Secretaría de Vivienda de Toronto, Doug Rollins, alertó que el proyecto podría saturar los servicios municipales de prevención de desalojos y refugios.
El Concejo Municipal votó abrumadoramente (23 a 1) para rechazar la propuesta. Solo un concejal apoyó la reforma bajo el argumento de que aceleraría la construcción de unidades en renta.
¿Qué podría pasar si la ley se aprueba?
Más desalojos por montos mínimos: El caso de un centavo demuestra que algunos propietarios ya utilizan tecnicismos para expulsar inquilinos. Con plazos más breves y menos opciones de apelación, estas maniobras serían todavía más efectivas.
Aumento de la inseguridad habitacional: Las familias con ingresos ajustados —incluidos muchos recién llegados y trabajadores esenciales— tendrían menos margen para recuperarse de imprevistos financieros, lo que podría traducirse en una mayor presencia de campamentos y refugios saturados.
Mayor desequilibrio de poder: Al limitar la presentación de evidencia y reducir compensaciones, la ley inclina la balanza a favor de los propietarios, debilitando el ya precario sistema de protección al inquilino en Ontario.
Un error de centavos puso en relieve un problema estructural: el delicado equilibrio entre los derechos del inquilino y la certidumbre del propietario. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de acelerar procesos, organizaciones comunitarias y autoridades municipales temen que la Ley 60 convierta situaciones excepcionales —como el “desalojo del centavo”— en la nueva norma. Seguiremos atentos a su debate y a las alternativas para proteger a quienes llaman hogar a una vivienda rentada.
