En la última cumbre climática COP31, Canadá buscó los reflectores al presentar sus avances para recortar las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero hasta 80 veces más potente que el CO₂ en los primeros 20 años que permanece en la atmósfera. Sin embargo, especialistas señalan que el liderazgo canadiense no será creíble mientras Alberta —la provincia que concentra casi el 80 % de la producción nacional de petróleo y gas— no actualice sus normas a la altura de las nuevas exigencias federales.
¿Por qué el metano es la “fruta al alcance de la mano” en la lucha climática?
El metano permanece relativamente poco tiempo en la atmósfera comparado con el CO₂, pero atrapa mucho más calor. Reducirlo ofrece un impacto climático casi inmediato y, según la Agencia Internacional de Energía, puede evitar hasta 0.3 °C de calentamiento global para 2040. En Canadá, el sector de petróleo y gas genera alrededor del 38 % de las emisiones nacionales de metano, seguido por la agricultura y los desechos sólidos.
La promesa federal: recortar 75 % antes de 2030
Ottawa se comprometió a disminuir en un 75 % las emisiones de metano provenientes del sector energético para 2030 (comparadas con los niveles de 2012) y a presentar reglamentos más estrictos este mismo año. Estas reglas incluirían:
- Límites de emisión más bajos para las instalaciones nuevas y existentes.
- Inspecciones obligatorias de detección y reparación de fugas (LDAR) con mayor frecuencia.
- Prohibición gradual de venteo y quema rutinarios.
- Requisitos de reporte continuo y medición directa, no solo estimaciones.
Crédito donde se merece
Canadá ya logró una reducción cercana al 35 % desde 2012, impulsada en parte por normas anteriores que entraron en vigor en 2020. La industria dice haber capturado y reutilizado suficiente gas como para abastecer de energía a casi un millón de hogares al año. No obstante, el descenso se estancó en la última medición, y el margen que falta para 2030 es el más complicado.
Alberta: el eslabón clave (y el punto débil)
Alberta regula su propio petróleo mediante un esquema que Ottawa consideró “equivalente” a la normativa federal de 2018. Esa equivalencia expira en 2027 y, de momento, la provincia no ha anunciado ajustes para alcanzar la nueva meta del 75 %. Entre los retos:
- La industria albertana depende de miles de pozos envejecidos y dispersos, donde el control de fugas es costoso.
- El gobierno provincial ha mostrado recelo ante nuevas obligaciones, argumentando riesgos a la competitividad y la inversión.
- El sistema de verificación actual se basa en inventarios estimados; la medición satelital independiente sugiere que las emisiones reales podrían ser hasta el doble de lo reportado.
Tecnologías que ya existen (pero no siempre se aplican)
Equipos de compresión sin venteo, oxidadoras catalíticas y sensores ópticos de gas permiten recortar hasta el 90 % del metano a costos relativamente bajos. Estudios de Clean Air Task Force indican que el costo neto para capturar una tonelada de metano podría ser incluso negativo cuando se vende como gas natural. El obstáculo principal no es técnico: es regulatorio y de monitoreo.
Choque de jurisdicciones: Ottawa vs. Edmonton
La Constitución canadiense reparte competencias: los recursos naturales son provinciales, pero el medio ambiente es compartido. Cuando el gobierno federal endurece normas, puede encontrarse ante tribunales provinciales que impugnan la “invasión de competencias”. Ejemplos recientes:
- El Carbon Pricing Reference (2021), donde la Corte Suprema avaló la tarifa federal al carbono.
- La Ley de Impacto (2023), que la Corte consideró parcialmente inconstitucional por exceder la jurisdicción federal.
Este pulso político podría repetirse si Ottawa decide revocar la equivalencia albertana y aplicar sus propios reglamentos.
¿Qué dicen la industria y los analistas?
Las grandes petroleras, como Suncor y Cenovus, afirman que ya invierten en monitoreo aéreo, drones y sellos de gas. Sin embargo, compañías más pequeñas —que operan la mayoría de los pozos maduros— suelen carecer de capital para modernizar y presionan para suavizar cualquier regla que suba sus costos.
Para la firma de datos Kayrros, que usa satélites para detectar grandes fugas, los superemisores en Canadá se concentran en un puñado de instalaciones que podrían repararse “en días, no en años”. El retraso, sostienen, es principalmente regulatorio.
Lo que viene: un calendario apretado
- Verano 2027: vence la equivalencia regulatoria otorgada a Alberta. Ottawa debe decidir si la renueva o impone su propia norma.
- 2025-2026: entrada en vigor escalonada de los nuevos límites federales según el borrador actual.
- 2030: objetivo del 75 % de reducción. Se necesitará un recorte anual promedio de 9 % a partir de 2024 para lograrlo.
El liderazgo climático canadiense, del que tanto se habló en Dubái, Bonn y ahora en la COP31, pasa ineludiblemente por lo que ocurra en Alberta. Mientras la provincia no actualice sus normas y Ottawa no garantice una medición rigurosa, la credibilidad internacional de Canadá quedará en entredicho. Para los latinos en Toronto —y en todo el país— esto significa que las oportunidades de empleo verde, innovación tecnológica y transición energética dependerán de que ambas jurisdicciones encuentren un terreno común.
En palabras de un investigador de la Universidad de Calgary: “El metano es el examen final de la política climática canadiense; si fallamos aquí, fallaremos en todo”.