La historia de Roxanne Greene, originaria de Labrador West, ha despertado un intenso debate sobre la violencia de género y la rendición de cuentas policial en todo Canadá. Su lucha de casi dos décadas para que se escuchara su denuncia contra su exesposo —un oficial de la Royal Newfoundland Constabulary (RNC)— llegó, por fin, a una audiencia pública de quejas en St. John’s. Más allá del caso particular, su testimonio pone en foco las barreras que todavía enfrentan las víctimas cuando el agresor porta placa y arma. A continuación, un repaso detallado del caso y de los factores que lo rodean.
¿Quién es Roxanne Greene y por qué su caso importa?
Roxanne Greene relató haber vivido años de maltrato psicológico y físico a manos de su entonces esposo, miembro activo de la policía provincial. Según su testimonio, los primeros intentos de denuncia se remontan a 2009, cuando acudió a distintas dependencias policiales sin que nadie diera curso formal a su queja. La situación revela un conflicto de intereses frecuente: la reticencia de los cuerpos policiales a investigar a uno de los suyos.
Un sistema que falla a las víctimas
En Canadá, la violencia doméstica perpetrada por agentes de seguridad suele quedar invisibilizada por varios motivos:
- Poder institucional: El agresor conoce los procedimientos y, a menudo, mantiene relaciones internas que pueden dilatar o frenar pesquisas.
- Miedo a represalias: Las víctimas temen que la denuncia provoque represalias directas o indirectas, lo que agrava el círculo de silencio.
- Falta de protocolos claros: No todas las provincias cuentan con directrices independientes para investigar a policías cuando se trata de violencia de género.
2009-2026: 17 años de puertas cerradas
Greene asegura que entre 2009 y 2026 se topó con al menos media docena de intentos fallidos para lograr que se abriera un expediente. Cada vez recibía respuestas evasivas o era derivada a otras jurisdicciones. No fue sino hasta que presionó a través de organizaciones de apoyo —entre ellas, shelters locales y la Red Canadiense de Mujeres contra la Violencia— que su queja fue remitida a la Comisión de Quejas contra la Policía.
La audiencia pública en St. John’s
En la audiencia celebrada este año, Greene expuso detalles sobre el abuso y sobre cómo su exesposo supuestamente utilizó información interna y contactos para obstaculizar la investigación. La Comisión examinó:
- La conducta del oficial dentro y fuera del servicio.
- La respuesta institucional de la RNC entre 2009 y 2026.
- Las políticas vigentes para casos de abuso doméstico con implicación policial.
El proceso todavía no ha concluido, pero ya se han emitido recomendaciones preliminares para reforzar la independencia en este tipo de pesquisas.
Implicaciones para Toronto y el resto del país
Toronto posee la fuerza policial municipal más grande de Canadá y, aunque cuenta con una unidad de Asuntos Internos robusta, los retos siguen siendo comparables. La presión pública generada por casos como el de Greene:
- Alimenta iniciativas para crear oficinas civiles independientes que investiguen violencia doméstica cometida por policías.
- Mueve a los legisladores a revisar protocolos de ética y a establecer cadenas de mando alternativas para las víctimas.
- Fortalece la colaboración entre cuerpos policiales y organizaciones de mujeres inmigrantes y refugiadas en el GTA, donde existen barreras adicionales de idioma y estatus migratorio.
Recursos para quienes necesiten ayuda
Si te encuentras en Toronto o cualquier parte de Canadá y sufres violencia doméstica, recuerda que no estás sola. Aquí algunos recursos:
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia de Género: 1-844-279-9020 (24/7, atención en varios idiomas).
- Shelter Safe: Localizador de refugios para mujeres en todo el país.
- Barbra Schlifer Commemorative Clinic (Toronto): Asistencia legal y psicológica gratuita para mujeres que enfrentan violencia.
- 211 Ontario: Servicios comunitarios y de emergencia en tu zona.
El periplo de Roxanne Greene ilustra cómo la intersección entre poder institucional y violencia de género puede perpetuar la impunidad. Su testimonio, finalmente escuchado después de 17 años, no solo busca justicia personal, sino también transformar el sistema para que la próxima víctima encuentre oído mucho antes. La conversación está abierta; ahora toca a las autoridades y a la sociedad responder con acciones concretas.