En Canadá, la promesa gubernamental de que todos los delitos sexuales dentro de las Fuerzas Armadas pasarían a manos de la justicia civil no se está cumpliendo. Nuevos datos revelan que la Policía Militar retuvo la mayoría de estas investigaciones, lo que ha generado preocupación entre víctimas, abogados y defensores de derechos humanos, incluidos los latinos que sirven o tienen familiares en el ejército.
Antecedentes del compromiso
En 2021, tras una serie de escándalos por abusos sexuales y de poder en la cadena de mando, el gobierno federal anunció que todos los delitos sexuales denunciados dentro de las Fuerzas Armadas canadienses serían transferidos de inmediato a los cuerpos de policía civiles. La medida buscaba restaurar la confianza en la institución militar y evitar conflictos de interés.
El cambio se respaldó con recomendaciones de la exjueza Louise Arbour, quien lideró una revisión independiente del sistema de justicia militar. El gobierno prometió consagrar esta práctica en la ley.
Las cifras que revelan el incumplimiento
De acuerdo con la Oficina del Provost Marshal (jefe de la Policía Militar), entre diciembre de 2021 y agosto de 2023 se denunciaron 252 casos de delitos sexuales en las Fuerzas Armadas.
- La Policía Militar investigó 124 de esos casos (49 %).
- Solo 128 fueron derivados a las autoridades civiles (51 %).
Cuando se amplía la mirada a los últimos cinco años, el panorama es peor: casi un 70 % de los expedientes permanecieron dentro del sistema militar, pese a la orden explícita de transferirlos.
¿Por qué se quedan los casos dentro del ejército?
Fuentes militares han argumentado que:
- Algunas denuncias no encajan “estrictamente” en la categoría de delito sexual.
- La víctima puede solicitar que el caso se mantenga en la jurisdicción militar por razones de privacidad.
- Las autoridades civiles a veces declinan investigar por falta de recursos o pruebas iniciales.
No obstante, especialistas señalan que estas justificaciones no alcanzan para explicar la magnitud del incumplimiento, y que mantener los procesos dentro del sistema castrense obstaculiza la imparcialidad.
Impacto en las víctimas
Sobrevivientes y grupos de apoyo denuncian que el sistema militar:
- Pone a las víctimas cara a cara con sus agresores dentro de la cadena de mando.
- Carece de tribunales especializados en violencia sexual.
- Tiene una histórica baja tasa de condenas.
La falta de transferencia a la justicia civil perpetúa el miedo a represalias y el subregistro de denuncias.
Reacciones políticas y legales
Parlamentarios de la oposición piden explicaciones al Ministerio de Defensa por el incumplimiento. Abogados de derechos humanos exigen que se acelere la aprobación de la reforma legal que haga obligatoria la transferencia y limite la discreción de la Policía Militar.
¿Qué significa para la comunidad latina en Toronto?
Toronto alberga una importante población latinoamericana, incluidos militares en servicio activo y veteranos. Este tema afecta de forma directa a quienes:
- Buscan incorporarse a las Fuerzas Armadas y desean garantías de un entorno laboral seguro.
- Tienen seres queridos en filas militares y esperan transparencia en la investigación de delitos.
- Trabajan en organizaciones de apoyo a víctimas de violencia de género.
Comprender el proceso y exigir que se respete la transferencia a la justicia civil fortalece la protección de todos los canadienses, sin importar su origen.
Próximos pasos
El gobierno ha reiterado que planea consolidar las reformas en una legislación permanente. Mientras tanto, defensores de las víctimas recomiendan:
- Documentar cualquier incidente de acoso o agresión sexual.
- Solicitar asesoría legal independiente antes de elegir la jurisdicción.
- Denunciar públicamente los retrasos en la transferencia de casos.
La presión social y parlamentaria será clave para que Canadá cumpla su promesa de justicia igualitaria y ponga fin al manejo interno de los delitos sexuales en el ámbito militar.