Mientras en Toronto muchos inmigrantes latinos construyen nuevas vidas, miles de refugiados en el norte de Kenia miran a Canadá como su única salida. Un reciente caso en Nueva Escocia —donde una organización de cuidados continuos canceló decenas de ofertas laborales en el último minuto— expone las grietas de un sistema que, por un lado, promete esperanza y, por otro, puede desmoronarse sin previo aviso.
El sueño canadiense truncado
Durante más de dos años, una organización dedicada al continuing care en Nueva Escocia reclutó refugiados de los campamentos de Kakuma y Dadaab. Sus cartas de oferta abrían la puerta a permisos de trabajo y, a mediano plazo, a la residencia permanente. La noticia resonó como una oportunidad de oro para personas que llevan décadas desplazadas.
¿Quiénes son los afectados?
Uno de ellos es Juma Asukulu Shauri, de 33 años, padre de cinco hijos nacidos dentro de Kakuma, un campamento que desde 1992 alberga a más de 200 000 refugiados. Como muchos, Juma obtuvo formación básica en salud y cuidado de personas mayores, justo el perfil que Canadá necesita para enfrentar su crisis demográfica.
El programa federal que prometía un nuevo comienzo
Las ofertas se cursaron bajo la vía de Movilidad Económica de Refugiados (Economic Mobility Pathways Pilot, EMPP), un programa federal que fusiona la necesidad de mano de obra con la obligación humanitaria. A diferencia del patrocinio privado tradicional, los costos de viaje y reubicación recaen en gran parte sobre los empleadores y los propios candidatos.
¿Por qué se cancelaron las ofertas?
La organización argumenta tres factores principales:
- Tiempos de procesamiento prolongados: la pandemia retrasó la expedición de visas, exámenes médicos y verificación de seguridad.
- Cambio en la realidad local: durante la espera, la provincia capacitó y contrató trabajadores residentes, llenando muchas vacantes.
- Aumento de la demanda asistencial: irónicamente, la presión por cubrir turnos críticos llevó a priorizar contrataciones inmediatas sobre la vía internacional.
Impacto humano
Las consecuencias van más allá de un empleo perdido. Los refugiados:
- Vendieron pertenencias o pidieron préstamos para cubrir documentos y traducciones.
- Renunciaron a cupos en programas de reasentamiento de la ONU, convencidos de que Canadá era su destino.
- Quedaron marcados en sistemas de inmigración como “en proceso”, dificultando nuevas aplicaciones con otros empleadores.
Para familias que viven con raciones limitadas y sin estatus legal en Kenia, el golpe es devastador: siguen atrapados sin la opción de reiniciar su vida ni en Canadá ni en otro lugar.
Lecciones para los recién llegados y defensores en Toronto
1. Verificar la solidez del empleador: antes de comprometerse, confirmemos que la empresa tenga un plan financiero y legal robusto para sostener el proceso migratorio.
2. Presionar por plazos claros: las comunidades de la diáspora pueden exigir a Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) métricas públicas sobre demoras, evitando que la lentitud mate oportunidades.
3. Fomentar redes de apoyo: organizaciones latinas en Toronto pueden ofrecer mentoría a empleadores dispuestos a contratar refugiados, compartiendo experiencias de integración y retención laboral.
4. Defender la transparencia: cuando una oferta se retira, debe existir un mecanismo de compensación o reubicación para no dejar a las personas en un limbo.
Mirando hacia adelante
El caso de Juma y decenas más evidencia que los programas de movilidad económica para refugiados son tan fuertes como su eslabón más débil: la coordinación entre Ottawa, las provincias y los empleadores. Para la comunidad latina en Toronto —muchos de los cuales llegaron también con grandes promesas—, la historia recuerda la importancia de abogar por procesos migratorios justos y responsables, no solo para nosotros, sino para todos los que sueñan con llamar a Canadá su hogar.
