Mientras el consumo de bebidas alcohólicas muestra una tendencia a la baja en todo Canadá, la Société des alcools du Québec (SAQ) —el monopolio estatal que controla la venta de alcohol en esa provincia— ha lanzado una estrategia comercial más agresiva para mantener sus ingresos. El movimiento ha despertado cuestionamientos de expertos en salud pública y plantea dudas sobre hasta dónde debería llegar un organismo estatal para impulsar el consumo de un producto que puede afectar la salud.
El consumo de alcohol sigue en descenso
En los últimos años, las ventas de alcohol han caído de forma sostenida. Cambios demográficos, una población más consciente de su bienestar y la proliferación de alternativas sin o con bajo contenido alcohólico explican parte del fenómeno. Québec no es la excepción: cada año, menos personas compran bebidas espirituosas, vino y cerveza en las tiendas de la SAQ.
La respuesta agresiva de la SAQ
Para contrarrestar esa tendencia, la SAQ ha intensificado sus tácticas de mercadeo. Bajo el liderazgo de su presidente y director general, Jacques Farcy, la organización busca evitar que las ventas sigan cayendo. Entre las medidas destacan:
- Campañas promocionales más frecuentes dentro y fuera de las tiendas.
- Programas de fidelidad que incentivan compras recurrentes.
- Ampliación de horarios y mejoras en la experiencia de compra.
Preocupaciones de salud pública
Especialistas en salud cuestionan si un ente público debería priorizar las ventas de un producto ligado a múltiples riesgos sanitarios. Argumentan que, al promover el consumo, la SAQ podría contradecir los esfuerzos gubernamentales para reducir enfermedades asociadas al alcohol, como cirrosis, ciertos tipos de cáncer y problemas de salud mental.
¿Un equilibrio imposible?
El debate deja en el aire una pregunta clave: ¿Cómo conciliar la responsabilidad fiscal de un monopolio que aporta millones al erario provincial con la obligación ética de proteger la salud ciudadana? Mientras la SAQ defiende su modelo como fuente de ingresos y empleo, los críticos insisten en que la salud pública debe tener prioridad.
Para los latinos en Toronto, la discusión resulta interesante porque refleja un dilema que también podría afectar a la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) y, en última instancia, a consumidores de todo el país. Con el alcohol bajo la lupa, es posible que veamos nuevas regulaciones, campañas de concientización o ajustes en los modelos de negocio de los monopolios provinciales.
En un contexto donde el consumo responsable gana terreno, la pregunta final es si las estrategias de venta de la SAQ lograrán su objetivo sin profundizar los riesgos de salud que tanto preocupa a la sociedad.
